Francia muda 85.000 equipos a Ubuntu


Hace más de un año, publicaba una noticia en Lineup, donde les contaba sobre los pasos que estaba llevando a cabo la Gendarmeria Francesa para mudar toda su estructura informática hacia entornos libres, específicamente a Ubuntu. Toda esa tremenda tarea comenzo en 2005, pasando de aplicaciones privativas, como Outlook, Microsoft Office, a otras libres, como Thunderbird y OpenOffice.org.

Hoy me desayuno con la noticia de que la migración dio su paso final y termino por meter Ubuntu a l0s 85.000 equipos que mantiene ese sector del Estado Francés, dando por finalizado cualquier dependencia tecnológica con Microsoft. ¡Tremenda noticia! Son un montón de equipos que fueron migrados, según cuenta, exitosamente, todo parte de un proceso iniciado en 2005. Veamos lo que dijo Jean-Pascal Chateau, comandante general de la Gendarmeria Francesa:

Tenemos una gran cantidad de personal que trabaja en el campo. El hecho de que Ubuntu es tan fácil de usar es un gran beneficio. Los agentes pueden personalizar sus escritorios para satisfacer sus necesidades. Eso significa que pueden acceder al mismo entorno de escritorio sin importar el puesto de trabajo desde donde se conecten. Ahora el personal está más motivado y hemos reducido los costos y presenta soluciones que mejor coinciden con nuestras necesidades.

Los ISP de Francia ya empiezan a entregar información bajo la ley HADOPI

Francia es nuevamente parte de un proceso revolucionario casi tan importante como el ocurrido en 1789. La burguesía de las discográficas empezó a armar una revolución para frenar a esos piratas que amenazan los derechos de autor o, mejor dicho, su sistema de adquisición de las riquezas. Para esto no tomaron las armas, como hace más de 200 años, sino que decidió desenfundar su arma más poderosa: la ley. Bajo este contexto lograron impulsar e imponer la famosa ley HADOPI, que, mediante la complicidad de los ISP, cortaría el servicio de Internet a aquellos usuarios que bajaran contenido con copyright de manera ilegal.

Los dueños de contenido con derechos de autor comenzaron a enviar a los ISP la lista de las IPs infractoras, para que estos identifiquen policialmente a los infractores. Esto es, identificar los nombres, direcciones, correos electrónicos y números de teléfono de sus clientes. De no hacer esto, los ISP deberán pagar una multa de 1500 euros por cada IP que no haya sido identificada.

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